Narcos y corrupción en Boyacá: Audiencia 27 de mayo convocada por Presidencia de la República

El evento se da en un momento de crisis política y social en el departamento, después de la captura del ex congresista prófugo de la justicia Gustavo Puentes, la audiencia ante la corte del ex senador Ciro Ramírez quien sigue recluido en la Picota y la citación por parte de la corte a Sandra Ortiz involucrada en el caso de corrupción de Olmedo López por el caso de los carrotanques de la Guajira y de Boyacá.

Así las cosas, son tres excongresistas de Boyacá quienes hoy tienen problemas con la justicia y quienes casualmente han sido equipo político del actual Gobernador de Boyacá Carlos Andrés Amaya.

Sandra Ortiz de las esmeraldas al narcotráfico

Recientemente el periódico El Tiempo público que la exconsejera presidencial para las regiones oriunda de Boyacá, Sandra Ortiz, volvió a ser protagonista luego de que se reviviera un incidente aéreo ocurrido a principios de abril, cuando el helicóptero en el que viajaba tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en un potrero de Boyacá debido al mal clima. En los estados publicados en redes sociales se podía ver que en este viaje le acompañaba en el helicóptero amarillo el gobernador de Boyacá Carlos Amaya.

Aunque parecía un vuelo común, una investigación revelada por El Tiempo pudo establecer que la aeronave usada por Ortiz, de matrícula HK-4249 y propiedad de Asia Cargo y Holdings Corp., es operada en Colombia por la Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi SAS), la compañía ligada a Carlos Eduardo Restrepo Osorio, conocido como ‘Caco’, quien se entregó a la justicia estadounidense por nexos con el narcotráfico.

De hecho, esa aeronave ya estaría en la mira de las autoridades por otros desplazamientos de los que no se tiene claridad. De hecho, el departamento estaría bajo la lupa por una red de narcotráfico que habría camuflado dos toneladas de cocaína camufladas en carbón coque provenientes de Boyacá para intentar un envío a Europa, incrementando las sospechas sobre las operaciones y contratistas vinculados al Gobierno.

Caso de Gustavo Puentes y Alias Don Lucho

La captura del ex congresista boyacense que apoyo la campaña de Carlos Amaya y subió a su hijo Felipe Puentes como Diputado por cambio Radical, quien hoy es la mano derecha del cuestionado gobernador verde, se hizo efectiva el sábado en Yopal, Casanare, a donde solía frecuentar porque al parecer su familia tiene una finca allí. En los próximos días debería ser trasladado a la cárcel la Picota, en Bogotá, al pabellón de funcionarios públicos junto al ex senador Ciro Ramírez.

Para la Sala de primera instancia, el excongresista usó ilegalmente las influencias derivadas de su cargo en provecho propio y de terceros, con el fin de que se nombrara a los dos depositarios, que carecían de idoneidad exigida para ese cargo, vulnerando así el trámite legal para su designación. Los magistrados determinaron que Puentes Díaz actuó con dolo, debido a que tenía pleno conocimiento de que estaba ejerciendo influencias contrarias a la ley.

‘Don Lucho’, fue un capo del narcotráfico que cayó en el año 2010 y estuvo preso en Estados Unidos. Hace 7 meses recobró su libertad.

El 17 de julio del 2021 Alias don Lucho fue asesinado de tres tiros junto al abogado Julio Enrique González cuando se encontraban sentados en la plazoleta del barrio Pablo VI, en Bogotá. Una tercera persona resultó herida, y fue identificada como Didier Herman, a quien le dispararon en el pie Izquierdo, y quien manifestó a los investigadores que él es un administrador de genética de ganado.

Los informes de policía judicial indican que el sicario una vez cumplió su objetivo emprendió la huida corriendo, y metros más adelante abordó un taxi. Antes del crimen, habría sido citado por el abogado William Fernando Duarte Quiroga, con el fin de ser notificado para comparecer ante la Corte Suprema de Justicia, para declarar dentro del proceso que se sigue en contra del exrepresentante a la Cámara Gustavo Hernán Puentes.

Gustavo Puentes fue el primer excongresista a quien, en 2014, la Corte Suprema le abrió un proceso por irregularidades en la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes. La hipótesis que hasta el momento manejan las autoridades, indica que el crimen sería un ajuste de cuentas.

Ciro Ramírez y Katherine Bohórquez dueños de la derecha en Boyacá

El exsenador del Centro Democrático compareció ante la Sala de Instrucción del alto tribunal en la que es investigado por su presunta participación en una red de corrupción vinculada al Departamento de Prosperidad Social (DPS). Ramírez, hijo del homónimo excongresista condenado por parapolítica, está preso en La Picota e insiste en su inocencia.

El excongresista, que perdió su curul por este caso, está involucrado en el convenio 670 de 2021 firmado por el Departamento de Prosperidad Social (DPS) y la empresa Proyecta Quindío, por orden de los $48.060 millones, y que estaba destinado para iniciativas de infraestructura vial y superación de la pobreza en los departamentos de Quindío, Valle del Cauca y Tolima.

En la diligencia, Ramírez se enfrentó a las preguntas del togado Marco Antonio Rueda, que le indagó por su participación en lo que sería el entramado de corrupción, al igual del papel que habría cumplido su asesora, Katherine Rivera Bohórquez, que sería el enlace del congresista con el DPS y los demás señalados en este escándalo: Pablo César Herrera, director de Proyecta y Alejandro Noreña Castro, su asesor y aliado del político boyacense.

Mario Castaño y la Industria Licorera de Boyacá

Mario Castaño conoció de poder y negocios en la Industria Licorera de Caldas (ILC), a donde llegó a ocupar un cargo menor pero con mucho ojo se ubicó en un centro de poder: la organización sindical del sector. Cuando en 2008, el gobernador Mario Aristizábal Muñoz nombró a Mario Fehó gerente de la licorera, ya Mario Castaño había logrado ser elegido presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Bebidas Alcohólicas, Fermentadas y Espumosas (Sintrabecólicas) y promovido a un cargo clave como coordinador de costos, jefe de la oficina financiera y gerente financiero y comercial.

Pero la ambición de Castaño ha sido mucho mayor y sus tentáculos se han extendido en los departamentos de Risaralda, Cauca, Tolima, Chocó, Cundinamarca, Antioquia, Quindío, Putumayo y Boyacá aprovechándose de la legislación que suprimió las barreras departamentales para la venta de licores nacionales.

En el año 2019 se anuncio que el Departamento de Boyacá pagaría más de 7.000 mil millones de pesos por esa maquila del aguardiente, tras la aprobación de la Asamblea de una adición presupuestal por 7.425 millones de pesos al presupuesto de rentas del departamento para la vigencia 2019.

Para el 2019 se esperaba producir cerca de 300 mil unidades reducidas de 750 mililitros de Aguardiente Líder de Boyacá. “Este departamento canceló un contrato para la elaboración de licores que tenía con una firma privada y después de un estudio exhaustivo, “Caso Castaño Ciro Ramírez” de cuál sería la empresa mejor habilitada por sus condiciones industriales y prácticas empresariales para maquilar este aguardiente, seleccionó a la Licorera de Caldas”, añadió el Gobernador, Guido Echeverry Piedrahíta.

Adicionalmente, se obtuvo permiso para la introducción del Ron Viejo de Caldas en Boyacá. No resulta ser casual entonces el vinculo de Ciro Ramírez con Mario Castaño y Carlos Amaya en la millonaria industria de los licores. Hoy que Ciro este en la Picota por la misma red de Mario Castaño pupilo de Simón Gaviria da una luz clara de la manera como pudo llegar el prominente negocio para Caldas con los recursos de todos los boyacenses avalado por el hoy Gobernador Carlos Amaya.