Por: Daniel Fernando Mejía Lozano
Corpoboyaca es sin duda el primer responsable del acto criminal que ha cobrado la vida de miles de personas ante el silencio de la justicia que para el caso de Boyacá es de papel y las autoridades locales que hacen pleitesía a las multinacionales. El Grupo Argos recordado por sus vínculos paramilitares en los montes de María y Lafarge Holcim famosa acá en Francia por haber financiado al grupo terrorista Estado Islámico están acabando con la vida de los pobladores de una región minera en Boyacá mientras reciben jugosas ganancias millonarias por la explotación de la minería las cuales le dejan la posibilidad de tener arrodillado al gobierno local con simbólicos incentivos económicos. Bohórquez y Barón alcaldes de Duitama y Sogamoso respectivamente desconocen completamente esta realidad.
El valle de Sogamoso es una región ubicada en el departamento de Boyacá el cual ha sido gobernado por el régimen de Carlos Amaya durante los últimos diez años. Antes de Amaya el “generoso” gobierno de Corea del Sur anuncio implementar soluciones para la calidad del aire en Sugamuxi, esa provincia donde cada día crecen los miles de enfermos de cáncer y se queman residuos tóxicos sin control o bueno para decirlo abiertamente, bajo la autorización de Corpoboyaca, desde tiempos donde gobernaba el cuestionado beneficiario de Odebrecht, hoy juez de jueces, Juan Carlos Granados.
Aunque durante una década han existido manifestaciones pacíficas, protestas sociales e inversiones multimillonarias por el problema de contaminación en Sugamuxi, la realidad del cáncer crece sin control ante unas autoridades impotentes por el poder económico y político de las multinacionales que presuntamente tienen vínculos criminales, Lafarge Holcim y Grupo Argos. Duitama y Sogamoso son territorios de nadie, sumidos en la pobreza y corrupción, con décadas de abandono, donde existen crecientes problemas sociales y la pobreza abunda mientras las empresas mineras se enriquecen.
Ambientalistas exigen soluciones urgentes y la restricción inmediata de quemas indebidas de residuos tóxicos cancerígenos, de todas las porquerías del mundo que no se pueden quemar en ninguna parte, muchos de ellos importados por el puerto de Buenaventura y de Barranquilla con residuos químicos y hospitalarios.
Según estudios científicos realizados por la Universidad Exeter del Reino Unido la quema de residuos tóxicos o el coprocesamiento como se le denomina a este proceso genera cáncer 40 kilometros a la redonda de las empresas cementeras. Sin embargo, lo que es prohibido aca en Europa es tan buen negocio en la tierra de nadie que hasta el propio ex presidente Santos condecoro a Holcim por el acto criminal. Mientras el alcalde José Luis Bohórquez se dedica a derrumbar estatuas, el cáncer crece imparablemente mientras su gobierno esta arrodillado a las multinacionales y ahora al régimen de Amaya.
El ganador del premio Nobel Alternativo, Doctor Raúl Montenegro, investigador y científico argentino, fue contactado por el régimen de Amaya para ir a hacer una investigación a Sogamoso y Duitama para ver si la quema de residuos generaba cáncer.
Recientemente el alcalde de Sogamoso Mauricio Barón en Londres anuncio su interés por sumarse a las energías renovables. Solo le falto al mandatario ir al la Universidad Exeter del Reino Unido para comprender de que manera están matando a los ciudadanos de su ciudad en silencio ante la complicidad de la empresa política verde denominada Corpoboyacá.
Como el científico no daría una versión que favoreciera las cementeras, Amaya embolato las comunidades y archivo los compromisos adquiridos en el año 2016 de realizar los estudios y frenar la quema de residuos tóxicos.
La riqueza que logra Grupo Argos y Lafarge Holcim por explotar la minería del valle de Sogamoso es impresionante sin embargo su responsabilidad social no da ni para levantar la basura que ellos mismos generan. Se desconoce cuanto pagan en impuestos y la DIAN les guarda la espalda, pero se sabe que es muy poco con relación al daño que hacen y lo peor a las vidas que se están llevando por delante.
En Nobsa, incluso han aparecido enfermedades huérfanas. Campesinos, habitantes y vecinos de este municipio a gritos piden justicia, denuncian que los olores tóxicos son a la madrugada, es a esta hora cuando se queman las sustancias criminales.
Por otra parte, Juan Carlos Granados hizo un jugoso negocio en su gobierno con la mal llamada compra de contaminación. Con bombos y platillos anuncio el 6 de agosto del 2015 que gracias al Sistema General de Regalías fue posible financiar el proyecto de erradicación de las fuentes contaminantes en el Valle de Sogamoso para el cual se destinaron recursos por el orden de los $ 4.800 millones de pesos, esa platica se perdió.
Raúl Montenegro demostró científicamente que existían cementeras multinacionales en la provincia de Córdoba, Argentina, que habían generado epidemia de cáncer en su población, eran de Lafarge Holcim y fueron clausuradas.
Andrea López Arias, quien era coordinadora del grupo de Sustancias Químicas y Residuos Peligrosos del Ministerio de Medio Ambiente de Colombia indico en un documento con copia Rino Acero, de la Consejería de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, dando respuesta al derecho de petición con radicado MADS 017671 de el 1 de julio de 2016, que el ministerio tiene conocimiento de que Corpoboyaca y la ANLA, no habían otorgado autorización o licencia alguna para la quema de residuos peligrosos de todo el país en el valle de Sogamoso, pero claro los criminales ya los quemaban en silencio.
Antes de que terminara el nefasto Gobierno de Juan Manuel Santos se legalizo el genocidio de Sugamuxi y el nobel de la falsa “Paz” condecoro a los financiadores del Estado Islámico, Lafarge Holcim.
La denominada empresa de Ecoprocesamiento NIT N° 860.009.808-5 no es otra cosa que una máquina para el genocidio silencioso de Sugamuxi y Tundama, dos regiones que concentran más de 400 mil habitantes en esta zona de Boyacá, hace lo que no le permitirían acá en Francia, quema los residuos tóxicos en medio de grandes ciudades sin control gubernamental en pleno 2024 año de la COP16 en Colombia.
Cuando esta columna pregunto al Ministerio de Ambiente y a Corpoboyacá quién vigila la quema de estos residuos y quién controla la emisión de dioxinas, la respuesta fue que: “De acuerdo a la resolución 9090 de 2008 establece en sus capítulos los lineamientos que debe cumplir la quema de residuos tóxicos”. Por esto existen ‘empresas’ que hacen dichos monitoreos, que deben tener certificado del IDEAM, el único requisito.
Hágame el favor, el glorioso IDEAM. Por tanto, es clara la total ausencia del Estado para el control de la quema de residuos peligrosos, también es muy evidente que existe una mafia como la que financia al Estado Islámico de la cementera Lafarge Holcim, ya hablare mas adelante al respecto, que está recibiendo millonarios beneficios por permitir este crimen organizado en Duitama, Sogamoso y ciudades aledañas.
Para la Corpoboyaca, una presunta entidad que cobra vacunas para dar licencias como afirman algunos mineros de la región son ‘las empresas’ quienes controlan y hacen los muestreos y análisis en laboratorio, es decir empresas fachada que Corpoboyaca contrata con laboratorios manipulados para mentir a la opinión pública mientras envenenan la ciudadanía con aire cancerígeno
Lo más preocupante es que el Ministerio de Protección Social confirma, en respuesta al derecho de petición, que en Sogamoso y Duitama existen 18.000 enfermos de cáncer, sin contar los 15 municipios aledaños de la provincia en promedio anual entre el año 2014 y 2016 cifras que traídas al 2024 han crecido alarmantemente.
Con lo anterior queda claro que para las multinacionales es más económico invertir en el lobby burocrático que en las comunidades donde se genera el impacto de la explotación minera. Finalmente, no queda otro camino que recurrir a la CIDH, Naciones Unidas, OMS y cuanta organización acreditada internacional exista, para ver si pueden poner en orden la casa y frenar los abusos a los derechos humanos y ambientales fundamentales, exigiendo sostenibilidad por dignidad y desarrollo. Si bien la explotación minera es necesaria, el uso no justifica el abuso, la explotación minera responsable genera desarrollo, cuando es descontrolada como hoy se vislumbra en Boyacá, genera miseria social, problemas de salud pública y un paisaje desolador.
Lafarge Holcim con el Estado Islámico y Grupo Argos con los Paramilitares
La ONG Organización Democrática Mundial ODM que ha denunciado la afectación a la salud pública que genera la quema de residuos peligrosos en la planta de cementos de Nobsa Boyacà.
Estados Unidos se dio a conocer por parte del Fiscal Breon Peace, fiscal del distrito este de Nueva York, que la empresa Lafarge Holcim se determinó culpable por el delito de financiación de grupos terroristas en Siria.
El fiscal Breon Peace dijo que la conducta “por parte de una corporación occidental fue espantosa y sin precedentes ni justificación”. Los fiscales estadounidenses dijeron que la filial siria de Lafarge pagó al Estado Islámico y otro grupo terrorista, el Frente al-Nusra, el equivalente a 5,92 millones de dólares (aproximadamente R$ 31,2 millones) para proteger a los trabajadores de la fábrica a medida que se intensificaba la guerra civil del país.
La cementera Lafarge que se fusionó con Holcim desde el año 2015 admitió anteriormente que se pagaron sobornos luego de una investigación interna. Lafarge Holcim también enfrenta acusaciones de complicidad en crímenes contra la humanidad en Francia por sus actividades en Siria, pero la empresa niega las acusaciones. Por primera vez en la historia, una empresa se ha declarado culpable en un tribunal estadounidense de apoyar al autodenominado grupo Estado Islámico y a otro grupo terrorista.
Se trata de la cementera francesa Lafarge, que acordó el martes (18/10) pagar una multa de US$ 777,8 millones de dólares por los pagos realizados para mantener una fábrica en funcionamiento en Siria después del estallido de la guerra en 2011. En Colombia la empresa ha enfrentado denuncias y fallos judiciales por el daño ambiental en el valle de Sogamoso y la afectación a la salud pública.
En enero del año 2016 la cementera Lafarge Holcim firmo unos acuerdos con el Gobierno y la comunidad de Sugamuxi donde se comprometía a frenar la quema de residuos tóxicos en la noche en la planta de Nobsa ante las constantes denuncias de la comunidad por los fuerte olores tóxicos y las crecientes cifras de enfermos de cáncer en la región, sin embargo, la cementera no cumplió. El entonces Gobernador Carlos Amaya también se comprometió entonces a investigar el impacto que generaba en la salud pública de todos los habitantes de la región la práctica de la cementera, acción que tampoco realizo el entonces mandatario. Hoy la cementera sancionada por financiar grupos terroristas sigue quemando residuos tóxicos en el valle de Sogamoso ante la ausencia de la autoridad ambiental y del Estado.
Finalmente, Diecisiete sentencias de restitución de tierras demuestran que el Grupo Argos, la mayor cementera del país, compró más de 1.300 hectáreas que años antes habían sido vendidas por campesinos desplazados por la violencia, principalmente en los Montes de María, pero también en el César. Las transacciones fueron anuladas por los jueces al argumentar que Argos actuó sistemáticamente en la adquisición de predios en los municipios de El Carmen de Bolívar, San Jacinto (Bolívar), San Onofre, Ovejas (Sucre) y San José de Becerril (Cesar).