Por: Daniel Fernando Mejía Lozano
El asesinato de Pedro Pechugas es un episodio que se suma a los oscuros escenarios del Partido Verde en Colombia. Un partido, que se ha convertido en una mafia, con cuestionamientos serios por narcotráfico, paramilitarismo, corrupción, persecución a periodistas y ahora volteo de tierras, es decir apropiarse de tierras del Estado o de empresas del sector privado.
La policía de Colombia nunca aclaro quien era el propietario del cargamento de cocaína que salía de Barranquilla con destino a Amberes Bélgica camuflada en un cargamento de carbón, el encubrimiento de empresas aparentemente legales pero narcotraficantes que financian al partido verde presuntamente no solo en Boyacá sino en Colombia también es responsabilidad del gobierno del actual presidente Gustavo Petro y de la Policía Nacional.
En esta mafia son varias las figuras que hoy están en la mira de la Fiscalía, Sandra Ortiz quien era alta consejera presidencial para las regiones del Presidente Gustavo Petro está acusada de hacer parte de la estructura criminal de Olmedo López y Sneyder Pinilla, que confesaron delitos en la mayor trama de corrupción del Gobierno colombiano, fueron enviados por razones de seguridad y para protegerles su vida a guarniciones militares en donde seguirán presos, según lo determinó este sábado un juez de Bogotá.
Las evidencias por la Fiscalía dan cuenta de que, entre marzo de 2023 y febrero de 2024, desde la UNGRD se entregó información privilegiada a algunos contratistas.
Esto les permitió, según la Fiscalía, inscribir empresas al registro de proveedores de manera apresurada para cumplir requisitos y también “acordó el pago de dádivas de hasta el 14 % del valor de los procesos contractuales comprometidos, y falsificaron documentos para legalizar contratos y desembolsos”.
También estarían implicados, según las informaciones publicadas por los medios, Sandra Ortiz, que fue consejera para las Regiones; Iván Name, del Partido Verde y que fue presidente del Senado en la anterior legislatura (2023-2024), y Andrés Calle, expresidente de la Cámara.
Este escándalo también salpica a Carlos Ramón González, tal vez el cabecilla mayor, socio político de Carlos Andrés Amaya Gobernador de Boyacá, que renunció en julio pasado a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) desde donde perseguía periodistas y opositores.
¿Boyacá es el epicentro de la mafia verde?
“En Boyacá podría estar el mayor cartel de drogas y corrupción de Colombia” Alfredo Serrano
En una entrevista para el Tercer Canal el periodista Alfredo Serrano hizo una delicada denuncia relacionada con los vínculos de las esmeraldas y el narcotráfico.
Recientemente hicimos una investigación relacionada con el volteo de tierras en Boyacá por parte del Partido Verde donde existiría presunto enriquecimiento ilícito utilizando funcionarios de distintos niveles, entre ellos a Angie Nathalie Caro Arias una contratista de Corpoboyacá entidad que es autoridad ambiental para tal fin. Una vez publicados los hallazgos de mi investigación, la respuesta fue una acción de tutela donde la accionante reconoció ante un Juez su participación en la transacción millonaria denunciada. Me quiero referir en La Comuna a este caso en particular porque la investigación arroja resultados preocupantes.
En la acción de Tutela Angie le dice al Juez: “Que la suscrita Accionante Angie Nathali Caro Arias, manifiesta ante este Despacho Constitucional bajo la gravedad de juramento que en ningún momento realizó el citado Negocio en nombre propio, y que intervino únicamente en este en virtud y ejercicio de un Poder Especial para la suscripción de la Escritura Pública de Compraventa, situación determinante que no se menciona en el sesgado, tendencioso y ausente de veracidad artículo de prensa, situación que se puede determinar de la mera lectura del mismo”.
Frente a esta declaración, ojo bajo la gravedad de juramento, es importante contarle a la opinión pública que es un poder especial en estos casos tan extraordinarios. El poder especial al que se refiere Angie es un documento notarial mediante el cual una persona concede facultades a otra para que esta pueda actuar en su nombre y representación celebrando todos aquellos actos, negocios o contratos previstos en la propia escritura de poder.
Es decir, sí bien el negocio no fue en nombre propio de la “contratista” de Corpoboyaca, si es claro que ella participo en la transacción y actuó en representación de un tercero para efectos de un acto no menor en una venta de esta naturaleza, casi nada, imagínense ustedes solo para hacer la escritura, el trámite más importante para cualquier comprador.
Como lo reconoce bajo gravedad de juramento Angie Nathali Caro Arias ante el Juez Jorge Alberto Páez Guerra del Juzgado Tercero Laboral de Circuito de Tunja Boyacá, ella si tenía ese poder y participo de la escritura. Lo anterior lo hace en su pretensión por descalificar el trabajo periodístico que parece dar más resultados que la Fiscalía en Boyacá, bueno eso no lo contara más adelante Andrés Idárraga.
Así las cosas Angie Nathali Caro Arias la “contratista” de Corpoboyacá que según su perfil posee experiencia como administradora de empresas Freelance y como profesional ejecutiva de la Dirección de Corpoboyacá, debe aclarar porque actuó en nombre y representación de un tercero para este multimillonario negocio y después firmo un contrato con la “autoridad ambiental” Corpoboyacá entidad que le corresponde vigilar la siderúrgica Acerías Paz del Rio empresa que para su existencia requiere del agua del Lago de Tota, donde casualmente se encuentra el multimillonario lote que vendió a un tercero donde la apoderada tenía una cercana relación con el Director de Corpoboyaca quien después fue su jefe por 48 millones de pesos.
Andrés Idárraga hoy tiene en su poder todas las pruebas suministradas hace (4) cuatro meses por la periodista Clemencia Torres y por David Alejandro Ávila representante legal de la Corporación Corpocolombianos.
Mediante un derecho de petición esta columna pregunto al consejero presidencial anticorrupción Andrés Idárraga en que va el proceso con la justicia de la denuncia que involucra a Angie Nathali Caro Arias, denuncia presentada con material probatorio.
Es importante considerar que los resultados de la consejería presidencial anticorrupción deben medirse no en la cantidad de denuncias sino en la efectividad de las mismas y las condenas ejemplares contra los denunciados por el delito que todos los días desangra a Colombia, la corrupción.
También es relevante que la “contratista” de Corpoboyacá le cuente a la justicia como se realizo el pago de este lote el cual se puede apreciar en esta columna con las imágenes que adquirimos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, nos gustaría saber si el pago fue en efectivo, mediante cheque u otro medio de pago, anexando los respectivos soportes.
Lo anterior teniendo en cuenta que Angie Nathali Caro Arias la “contratista” de Corpoboyacá fue la apoderada para la escritura y ninguna persona con los cinco sentidos se prestaría para un trámite de esta responsabilidad si no existe un vínculo serio de confianza que permita tener el soporte de que los recursos y el negocio se está haciendo desde la legalidad.
Al firmar Angie Nathali Caro Arias un contrato con Corpoboyacá se convierte en funcionaria publica, la Corte ha señalado que tanto los medios de comunicación como los ciudadanos, ´tienen derecho a denunciar públicamente los hechos y actuaciones irregulares de los que tengan conocimiento en virtud de su función, por lo que no están obligados a esperar a que se produzca un fallo para comunicar al respecto”. La “contratista” de Corpoboyacá debe entender que la indagación que hacemos en esta columna se relaciona con su ejercicio como funcionaria publica de Corpoboyacá en el tiempo de los hechos por tanto es su deber constitucional aclarar esta situación y con transparencia entregar a la justicia los soportes de la transacción de los 1.200 millones de pesos del lote y explicar desde cuando conoce al ex director de Corpoboyacá Herman Stiff Amaya Téllez y cuál ha sido su relación con él, también con la empresa que adquirió el lote y porque asumió ese poder especial.
De otra parte, si la Fiscalía funciona debe indagar cual es el origen de los recursos con los que se compró el mencionado predio de Acerías Paz del Rio. Lo más delicado del tema es que presuntamente después de realizada la transacción de este predio, se hizo un cambio de uso de suelos por parte de Corpoboyacá, lo que daría la posibilidad de permitir la construcción si se quiere de un condominio de lujo en la rivera del Lago de Tota para funcionarios que facturen al nivel del ex director de Corpoboyacá.
Estuvimos investigando cual fue la declaración de renta del saliente director de Corpoboyacá Herman Stiff Amaya Téllez, aunque su gestión no fue bien calificada logro devengar solo en el último año de acuerdo a la declaración ante el SIGEP II entre enero y diciembre la suma de $ 283,521,000 millones de pesos como ingreso salarial. Es decir, en los cuatro años recibió un salario que supera los 800 millones de pesos, hágame el favor, un macroproyecto ambiental y verde.
En una entrevista con Caracol Radio el ex director de la Corporación Herman Amaya, que es diseñador Industrial, atención “Industrial” no ingeniero ambiental, ni nada parecido, pilas con el detalle, el funcionario oriundo del municipio de Paz del Río, la tierrita de Sandra Ortiz, manifestó que decidió no postular su nombre para repetir periodo, porque se dedicaría a la docencia y a seguir preparándose académicamente, sin embargo, el hoy el ex director en cuestión es asesor de confianza del Gobernador Carlos Amaya, jefe del clan territorial, quien lo nombro como su director de macroproyectos pese a su pésimo desempeño como Director de Corpoboyacá.
Aunque el Diputado de la Asamblea Carlos Torres se refirió en una entrevista del Tercer Canal con relación a los rumores del volteo de tierras donde veedores del lago de tota le habían informado de la venta millonaria que involucraba una “contratista” de Corpoboyacá, a la fecha de la publicación de esta columna no existe ninguna declaración publica del Diputado, tampoco ninguna denuncia penal, ni mucho menos un pronunciamiento ante la Asamblea Departamental, ya es costumbre que las autoridades en Boyacá no se pronuncien frente a los hechos de corrupción y guarden silencio, cuando dicen algo, el jefe Amaya pide noción de orden.
No obstante, Gustavo Bolívar director de Prosperidad Social del gobierno del presidente Gustavo Petro preocupado por la denuncia de corrupción compartió nuestra anterior columna en su cuenta de X generando un rechazo nacional a estas practicas que degradan la institucionalidad en Colombia. Por ahora hay mas preguntas que respuestas, mientras tanto, cada vez que salga a la luz por parte de un medio de comunicación una denuncia de corrupción, tenemos que acostumbrarnos siempre a la primera reacción que será la de instrumentalizar la justicia para buscar la impunidad, no obstante, mientras exista periodismo de nivel, serio, que se construye con pruebas y verdad, con hechos y contrastes como el que hacemos en este medio, el actuar delictivo tendrá el peso del cuarto poder que para mí es el primero, un peso que no se elimina entre comillas.